Opinión de una ciudadana ilicitana

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Gloria Marín Sánchez

Privatización de la sanidad en Elche

Vivo en Carrús, Elche. Desde hace 20 años me corresponde el Centro de Salud de Carrús. Durante todos estos años, aunque podía tener la sanidad por una compañía privada, he elegido estar en la sanidad pública, quizá porque soy de las muchas que piensan que para las cosas pequeñas puede ser más cómoda la privada, pero para lo importante, me quedo con mi centro de salud y el hospital. Hace sólo unas semanas me enteré de que dentro de un año mi asistencia sanitaria y la de mi familia habrá sido transferida por la Generalitat a una empresa privada, tema al que, en mi despiste, no había prestado atención antes. A partir de entonces, toda la asistencia que necesitemos tendrá que pasar por Vinalopó Salud, al igual que la población de cuatro centros de salud de Elx, la de Asp, Crevillent, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes. Es como si me cambiaran a una compañía sin que lo pida, y sin que pueda volver en enero a la Seguridad Social si no me gusta la compañía. He encontrado motivos de sobra para preocuparme. 1º. La dotación de camas. Según nos informan habrá 210 camas de uso general, los «ingresos». Si la población de 137.000 personas -ya se está hablando de más de 140.000-, supone 1,53 camas por 1.000 habitantes. La tasa media en el Estado español era de 2,51. Si contamos todas las camas, 273, serían casi 2 por cada 1.000 habitantes, la tasa media del Estado es 3,5, y si nos comparamos con Europa, aquí estamos a la cola: en Alemania hay 8,3 camas por 1.000 habitantes. 2ª. La dependencia de una compañía con recursos muchísimo menores que la Sanidad Pública. Con el nuevo sistema mi asistencia sanitaria integral, todo lo que necesite, se habrá transferido a una empresa, que cobra 494 euros por cada uno de los miembros de mi familia. A cambio de ese pago se comprometen a ofertarnos lo mismo a lo que ahora tenemos derecho, desde la prevención hasta los servicios más especializados, si por desgracia los necesitáramos. 3º. El objetivo de toda empresa es obtener beneficios. Hasta ahora estoy incluida en un sistema sanitario, el que deriva de Ley General de Sanidad de 1986, por el que se tienen que cubrir las demandas de salud, y a esas demandas se ha de ajustar el presupuesto. En diferentes momentos se han disparado las alarmas sobre el crecimiento del gasto sanitario. Si la población envejece y necesita más recursos, hemos de gastar más. Si Urgencias está saturada hay que ampliarla, hace falta más presupuesto. Esta es la lógica de los servicios públicos. Dentro de un año estaré en el sistema de una empresa, que cobra una cantidad fija, unos 67.776.640 euros por año, con los cuales, en principio ha de prestarnos los mismos servicios que recibíamos hasta ahora y ha de obtener los máximos beneficios, objetivo de toda empresa. Y así la lógica cambia totalmente. ¿Y si han calculado mal y para prestarnos la asistencia que necesitamos tendrían que gastar más de lo que han previsto? ¿Renunciarán a sus beneficios o incluso sacarán dinero de sus bolsillos si hace falta más gasto? Durante 15 años renovables por otros 5, nuestras necesidades se tendrán que ajustar a los recursos, y no los recursos a nuestras necesidades.